Un análisis de la Contraloría General de la República identificó una serie de amenazas e incertidumbres que rodean la intervención de la empresa Electricaribe, en temas como su situación patrimonial, su operación comercial y eléctrica y la misma prestación del servicio.

"La Contraloría evidenció un incremento en los indicadores de indisponibilidad del servicio en el mercado de la Costa Caribe", dice un comunicado difundido por el ente de control.

El pronunciamiento del ente de control no contiene recomendaciones, sugerencias o advertencia alguna dirigida al órgano interviniente ni a la entidad intervenida, y se hace en ejercicio de las funciones autónomas e independientes que le asisten como órgano superior de fiscalización.

Para el ente de control es grave el asunto por que se "registró un aumento de 90.84, a 99,37 en el indicador SAIDI", que es el tiempo promedio de interrupción del servicio por usuario en un periodo determinado y en el indicador SAIFI, que es la frecuencia media de Interrupción por usuario en un período determinado, "presentó una variación, en el mismo periodo, de 93.23 a 100.33".

En cuanto al indicador de pérdidas de energía, este presenta a septiembre de 2017 una pérdida promedio mensual de 22,58%.

Según la entidad, el déficit creciente compromete prestación del servicio, debido a que cálculos del organismo de control indican que en caja de la empresa intervenida al cierre de diciembre de 2017 estaría cerca a los -$35.000 millones.

"Y la situación se agravaría para el mes de febrero de 2018, cuando este déficit podría llegar hasta -$138.000 millones, lo que compromete seriamente que pueda garantizar la prestación del servicio", sostiene la entidad.

Los recursos disponibles en la tesorería comprometen los pagos para los proveedores, alcanzando para un rango de pago de sólo entre el 30% y el 65%.

Explicaron que al momento de ser intervenida, Electricaribe quedó debiendo $3.098 millones, siendo su mayor acreencia con los proveedores financieros (bancos), que suma $1.8 billones; le siguen el pasivo pensional, que contablemente está calculado en $698.000 millones; luego la deuda con proveedores de bienes y/servicios ($350.00 millones); y finalmente la acreencia con los generadores de energía ($250.000 millones).

"Donde se le deje de pagar a los generadores, el mercado eléctrico tendría un colapso, si se tiene en cuenta que Electricaribe representa el 22% de las transacciones de energía", indicó la Contraloría.

Según la Contraloría, Electricaribe llegó al límite de garantías en el sector eléctrico y, por otra parte, recibirá en el presente mes de noviembre menos ingresos por subsidios.

En la revisión a millones de facturas de Electricaribe, la Contraloría identificó irregularidades, desde el segundo semestre de 2011, que afectan a cerca de 600.000 usuarios de escasos recursos.

Respaldo económico del nuevo socio

La Contraloría adelanta un monitoreo fiscal exhaustivo sobre los resultados de esta intervención y anunció que “se auditarán en línea los análisis que se efectúen para la construcción de un escenario eventual de regreso del dueño controlante, Gas Natural Fenosa, dados los incumplimientos de sus compromisos empresariales y de inversión que llevaron a la situación actual, evidenciando un mal comportamiento como ciudadano corporativo en Colombia y la Región Caribe”.

Dada esta situación, la Contraloría General de la República informó que hará un seguimiento detallado sobre las causales de intervención y verificará que las soluciones para el mejoramiento del servicio estén asociadas a grandes compromisos económicos de parte del nuevo socio, los cuales deberán ser parte de fondos económicos reales que soporten las inversiones necesarias para normalizar el sistema eléctrico de la Región Caribe.